Publicado en Clarín 19/02/2023
El programa Potenciar Trabajo como la Tarjeta Alimentaria consumen el 90% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y constituyen políticas del gobierno nacional para posibilitar una ingesta mínima a quienes son sus beneficiarios. En la lucha contra la pobreza, la preocupación gubernamental por otras necesidades humanas básicas no tiene mayor lugar: ni asegurar el suministro de agua potable y saneamiento básico, (elementos esenciales para una vida saludable) ni esfuerzos para lograr una mejor educación pública para fomentar la empleabilidad o el trabajo autónomo de calidad, ni acceso a una atención adecuada de la salud publica. Por esta razón, llamo a esta orientación gubernamental, un enfoque zoológico del trato a la indigencia y la pobreza.
Veamos, el gasto del Potenciar Trabajo es el 0,5% del PBI y otorga un beneficio de medio salario básico (como referencia de su escasa relevancia, el gasto social en la Argentina es el 30% del PBI). Al mismo tiempo, según datos del Ministerio de Obras Públicas, mientras en 2019 el porcentaje de hogares sin acceso a agua potable en el país era 20%, trepaba al 88,4% en los barrios populares y respecto a la falta de acceso a sistemas de saneamiento cloacal los datos eran 43,9% para el país y 97,5% en los barrios populares. La gran mayoría de los pobres de nuestra sociedad, de donde presumiblemente se reclutan los beneficiarios del Potenciar Trabajo, se encuentra con una educación pública en retroceso frente a la privada y conducida por dirigentes en los que no figura la calidad como objetivo a lograr. Completa el panorama un sistema público de salud, soporte sanitario del mundo de la informalidad, en manos básicamente de médicos residentes (es decir aun en formación) y que gasta 2% del PBI cuando el gasto total en salud en el país es del orden de 10% del PBI
¿Son los denominados movimientos sociales actores para ir mas allá del enfoque zoológico? No me parece. Ellos no son otra cosa que sindicatos de la informalidad laboral que involucran a un millón trescientos mil beneficiarios, numero importante pero un muy pequeño porcentaje del universo de 10 millones de trabajadores informales y desempleados al que debe sumarse población económicamente inactiva, otro de los sectores de donde surgen los beneficiarios. Sus dirigentes no provienen de procesos electorales (aunque sean solo formales en muchos casos en el sindicalismo tradicional) sino de la capacidad de liderazgo y fundamentalmente del poder para determinar quienes pueden ser incluidos o excluidos del beneficio económico que administran. Y como los recursos provienen del Estado precisan el reconocimiento oficial; así, muchos de sus dirigentes están en ambos lados del mostrador, algo con tradición en el sindicalismo peronista. Estos sindicatos de la informalidad están centrados exclusivamente en la demanda de ingreso y de ampliación de sus miembros. Ni las demandas de salubridad, educación o salud figuran en sus agendas.
¿Es esperable que sindicatos con decenas de miles de miembros hagan una tarea eficaz en lograr una mejora en las capacidades para el trabajo de sus miembros? No, no tienen capacidad para ello y en consecuencia no les preocupa la labor que realizan ni tienen problema con que no realicen trabajo alguno. De hecho, la mayoría de los beneficiarios reciben ingresos de otras tareas que realizan para afrontar un nivel mínimo de consumo ya que el medio salario básico solo funciona como modesto complemento.
Un vuelco fundamental en este enfoque debe ser dado a través de una política publica donde la ayuda estatal esté dirigida en primer lugar al mundo del desempleo y el subempleo dotándolo de capacidades para una buena inserción en el mercado de trabajo. Para ello no se necesitan sindicatos preocupados por acentuar el enfoque zoológico, sino organizaciones de todo tipo (sociales, religiosas, educacionales, deportivas, empresariales) con capacidad de generar proyectos de actividad económica y social relevantes para el país y para los mismos beneficiarios; deben estar acreditadas en su capacidad para generar dichos proyectos y monitoreadas en el desarrollo de los mismos. Y por supuesto acompañar este trabajo con acciones decididas en el campo de la salubridad, la educación y salud públicas para los más pobres de nuestra sociedad.
Una de las labores de contraprestación es a mi juicio prioritaria. En un mundo donde el conocimiento es esencial para una inserción laboral plena, una alta proporción de adultos con problemas laborales no tienen finalizada la educación media, mínimo aceptable en los tiempos que corren. Completar este nivel debe ser la contraprestación obligatoria, al menos para jóvenes de hasta 35 o 40 años de edad. Sin este nivel básico están condenados a la marginalidad. Y esta es una labor que solo pueden llevar adelante nación y provincias aunando recursos financieros, humanos y de infraestructura. ¿Es mucho trabajo? Si, lo es, comparado con repartir plata, pero una forma mas digna de enfrentar el desempleo y la pobreza
