Publicado en La Nación 16/12/2023
La situación fiscal y su endémico déficit es uno de los temas centrales que deberá abordar el próximo gobierno. Existe consenso que ha llegado la hora de acabar con dicho déficit revisando el nivel de ingresos y gastos del sector público. Mi interés en esta nota es referirme al gasto público y en especial, al gasto social.
El promedio de gasto público consolidado (el correspondiente a los tres niveles de gobierno) en el periodo 1980-1984 fue de 28% del PIB y alcanzó el 45% en el periodo 2015-2019. La diferencia en las cuatros décadas es impactante y la última información oficial (2023) nos dice que representó 44% en 2021.
Ahora bien, los datos oficiales se clasifican en cuatro categorías de gastos: Funcionamiento del Estado, Servicios Económicos, Servicios Sociales y Deuda Pública.
Los gastos de Funcionamiento del Estado incluyen los de Administración General, Justicia y Defensa y Seguridad. En estas cuatro décadas tuvieron un modesto crecimiento de 4,9% a 7% del PBI. Los servicios de la Deuda Pública pasaron de 3,9% en el primer periodo a 3,8% en el último, siendo menores los guarismos en todos los periodos intermedios. Los gastos en Servicios Económicos incluyen como principales ítems Energía y Combustibles por un lado y Servicios Públicos por el otro. Cayó de 6,7% a 5,3% del PBI entre los periodos inicial y final que consideramos, habiendo llegado al 2,4% en el periodo 1995-1999 fruto de la privatización de empresas públicas de aquellos tiempos
Los Servicios Sociales incluyen la Previsión Social, Salud y Educación como sus principales componentes representando 80% del total. El resto se distribuye en programas de Vivienda, Empleo y Asistencia Social. Mientras en el periodo 1980-1984 se ubicaba en 13% del PBI en 2015-2019 alcanzó 29% representando dos tercios del gasto público total. Este monumental crecimiento lleva al país a un nivel comparable con el porcentaje del producto que países desarrollados otorgan al gasto social y muy por encima de los niveles latinoamericanos.
Sin embargo ofrece un pobre resultado en nivel de prestaciones y calidad de servicios: fragmentación de sistemas, desigualdad marcada en el acceso e irracionalidad en el uso de los recursos.
El sistema previsional argentino es una manta llena de parches donde coexisten un sistema nacional y varios provinciales junto a regímenes especiales para miembros del Poder Judicial, fuerzas armadas y de seguridad, legisladores provinciales, profesores universitarios, maestros, colectiveros, investigadores científicos y taxistas, entre otros. Por otro lado, tanto a la educación como a la salud públicas se las identifica con políticas sociales de carácter universalista y ciertamente en algún momento lo fueron, pero se ha terminado de consolidar un sistema en el que lo “público” es un componente reservado para los pobres, coherente con el camino de desigualdad creciente experimentado por la sociedad argentina. La asistencia social, que dispone de 1% del PBI, se estructura sobre base de un manejo discrecional de programas alimentarios y de subsidios a la informalidad y cuyos beneficiarios son fruto del clientelismo estatal o de la presión de organizaciones sociales que los nuclean.
Tanto esfuerzo para tan pobres resultados. ¿Que explica entonces este gigantesco incremento del Gasto Social? A mi juicio, la fortaleza corporativa y el funcionamiento de nuestra democracia.
Un poco de historia: así como en los noventa se privatizaron en un santiamén teléfonos, aviones, gas, electricidad, petróleo, no sucedió lo mismo con los servicios sociales. Las presiones de sindicatos, partidos de oposición y organizaciones varias de la sociedad civil, previnieron transformaciones privatizadoras de la profundidad operada en el terreno de las empresas públicas de producción o servicios. Pero más allá de la fortaleza de los sectores beneficiarios para evitar transformaciones, el proceso democrático jugó un papel decisivo ya que afectar servicios mayoritariamente percibidos como derechos a ser garantizados por el Estado, exhibió los riesgos de pérdida de legitimidad y apoyo político para quienes osaren intentar su reducción. Así, el continuo crecimiento del gasto social habla de las necesidades de las fuerzas políticas, surgidas de la competencia democrática, por acceder o mantenerse en el poder. En otros términos, los intentos de reducción del gasto social chocan seriamente con la resistencia que imponen los procesos de democratización y obtención de legitimidad política.
¿El desafío fiscal que afronta la Argentina abordará el gasto social?. Habrá disposición para bancar los costos políticos que ocasionará una reducción sustancial dada una población que no acepta fácilmente recortes? ¿Habrá voluntad para ir forjando un sistema más racional o seguirá con su estructura fragmentaria, desigual e ineficiente? Veremos, la nueva serie comienza el 10 de diciembre.
